Planean apoyos para deportados

El delegado de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en Yucatán, Ricardo Béjar Herrera, informó que preparan un plan con el fin de otorgar todas las facilidades posibles para que los yucatecos que sean deportados de Estados Unidos puedan abrir su propio negocio.

En entrevista con Notimex, el funcionario indicó que la idea es unir esfuerzos con otras dependencias federales y estatales para que aquellos paisanos que sean deportados y tengan algún recurso para poner un negocio en sus municipios de origen puedan hacerlo lo más pronto posible.

En el caso de quienes sean deportados y carezcan de recursos económicos, se les buscarán ofertas laborales. Una de las principales áreas serían firmas como la Cervecería Yucateca, las nuevas maquiladoras en la entidad o en empresas que se sumen a este plan.

Se espera una deportación masiva de paisanos, aclaró, pero los que tengan que salir de Estados Unidos o quieran regresar por sentirse amenazados “tendrán el respaldo del gobierno federal para obtener un empleo o emprender un negocio”.

El secretario del Trabajo de esta entidad, Enrique Castillo Ruz, adelantó que el gobierno estatal también se prepara ante un posible arribo masivo de migrantes, luego de las constantes amenazas e incertidumbre que ha generado el nuevo gobierno de Estados Unidos.

Sobre el tema, el funcionario estatal mencionó que varias dependencias de la administración estatal ya empezaron a tomar previsiones para apoyar a los yucatecos que retornen a sus municipios desde el vecino país, a quienes se les brindarían las facilidades para establecerse de nuevo.

Él sostuvo que la entidad tiene las capacidades y alternativas para ofrecer un empleo a los migrantes que decidan retornar, pues actualmente hay condiciones económicas para ello.

“Hemos trabajado de cerca con los sectores productivos, a quienes les hemos hecho notar esa situación, por lo que estamos preparados”, insistió Castillo Ruz.

Según estudios del Indemaya, en Estados Unidos radican unos 180 mil yucatecos, de los que dos terceras partes no tienen un estatus legal adecuado.