Archivo de la categoría: Nacional

Investigan a Bansefi por fraude millonario en tarjetas para damnificados de sismo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con 15 mil pesos “no alcanza para hacer de nuevo la casa”, dice Reynaldo Molina Espinoza, uno de tantos afectados por el terremoto del pasado 7 de septiembre, cuya vivienda colapsó.

Esa noche, el sismo de 8.2 sacudió tanto a su casa –localizada en una comunidad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas– que algunos muros se deshicieron por completo, y las tejas y maderas que daban forma al techo, cayeron.

El hombre de 56 años lleva varias semanas reconstruyendo esa vivienda que en su fachada aún tiene pintada en rojo la letra “D”, marca que, según los peritos, determinaba que la construcción debe ser demolida.

Cuatro meses después del terremoto, Reynaldo Molina Espinoza trata de que su casa de adobe, en la comunidad de Tenochtitlán, Villaflores, siga en pie. El hombre decidió no tirarla y lo hizo por una razón práctica: como damnificado por el sismo sólo recibió una tarjeta con 15 mil pesos, “con eso no alcanza para hacer de nuevo la casa”.

 Lo que Reynaldo Molina Espinoza no sabe es que en los registros del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) su nom bre aparece en 34 tarjetas, a las cuales se les depositó un total de 510 mil pesos, según información difundida por la organización Mexi canos Contra la Corrupción e Impunidad (MCCI).

“Yo sólo recibí una. A mí no me dieron más”, respondió cuando se le preguntó si había recibido más de una tarjeta.

Como prueba, Reynaldo saca de una bolsa de plástico el sobre y el papel en donde venía la única tarjeta (cuyos cuatro últimos dígitos son 3892) que le entregó personal de Bansefi.

De acuerdo con el reportaje de MCCI, escrito por las periodistas Thelma Gómez y Miriam Castillo, en una investigación realizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el nombre de Reynaldo Molina Espinoza –campesino que vive del cultivo de maíz y frijol– aparece como parte de mil 495 casos de damnificados a cu yo nombre Bansefi emitió muchas más tarjetas de las que tenían derecho.

De acuerdo con esa pesquisa de 90 páginas, Bansefi emitió 4 mil 574 tarjetas para mil 495 beneficiarios; es decir, se hicieron 3 mil 079 plásticos de más. En esas tarjetas de débito, la CNBV encontró que Bansefi “dispersó recursos en efectivo” que ascienden a 68.8 mi llones de pesos; es decir, poco más de 3.6 millones de dólares.

En la investigación de la autoridad bancaria, a la que tuvo acceso MCCI, se mencionan los 11 nombres de los damnificados a quienes se les emitieron el mayor número de tarjetas, entre 34 y 10 para cada uno, todas con fondos. Además, señala que otras mil 484 personas están registradas con dos y hasta ocho tarjetas de débito cuando, de acuerdo con el programa de apoyo a los damnificados, sólo les correspondería una, pues son las que se emiten para disponer de efectivo.

MCCI localizó a cinco de 11 damnificados a cuyo nombre se emi tieron entre 34 y 10 tarjetas. Los cinco viven en comunidades marginadas de Chiapas, ninguno recibió tarjetas de más. Incluso, a dos de ellos no se les ha entregado ningún tipo de apoyo federal: ni una tarjeta.

Para corroborar que las cinco personas que se localizaron son los mismos que se menciona en la investigación de la CNBV, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad buscó sus nombres en una base de datos de damnificados por los sismos y en la cual aparece la tota lidad de los 11 casos resaltados por la autoridad bancaria a cuyos nombres se emitieron más tarjetas de las debidas. En esa base de datos se incluye la comunidad en la que viven, así como el número de folio y de tarjeta que les dieron.

En una visita a cinco de esos damnificados en sus comunidades y luego de revisar sus números de folio y de tarjeta, se constató que eran exactamente los mismos registrados en la base de datos.

Después del sismo del 7 de septiembre, que afectó sobre todo a Chiapas y Oaxaca, el gobierno federal anunció que se apoyaría la reconstrucción de las casas de los damnificados con recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), los cuales entregaría Bansefi a través de tarjetas de débito y monederos electrónicos. 

De acuerdo con este programa del Fonden, a todos los damnificados les tocaría sólo una tarjeta de débito, para disponer de efectivo, y sólo a quienes presentaron “pérdida total” les corresponderían dos plásticos: uno de débito y el monedero electrónico.

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) fue la encargada de realizar el censo de damnificados, que entregó a Bansefi; esta última institución fue la responsable de depositar el dinero del Fonden a las tarjetas.

El 14 de noviembre, y a partir de los reclamos de damnificados que detectaron dinero faltante en las tarjetas que recibieron, Virgilio Andrade, director general de Bansefi, presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR), para que se investigara la posible clonación de los plásticos. Según se publicó entonces, las tarjetas distribuidas en Oaxaca y Chiapas eran de banda magnética y no de chip, lo que aumenta su vulnerabilidad.

Dos días después, el 16 de noviembre, la CNBV inició una investiga ción a Bansefi por las tarjetas repartidas entre las personas afecta das por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017.

El 20 de diciembre pasado, la Comisión concluyó la primera etapa de su investigación y cuyas observaciones van dirigidas a Virgilio Andra de, director general de Bansefi.

En su observación número 5, la CNBV menciona el hallazgo de los beneficiarios cuyos nombres aparecen con más tarjetas de débito de las que les correspondían: “Bansefi presentó deficiencias en la ins trumentación de mecanismos que garanticen la adecuada ejecución de las operaciones bancarias, en virtud de que en mil 495 casos la entidad dispersó recursos en efectivo en más de una tarjeta a la que tenían derecho (ya que la segunda tarjeta está reservada para la com pra directa de materiales, sin que pueda disponerse de efectivo). El total de los recursos destinados a los mil 495 beneficiarios ascendió a 68.8 millones de pesos”.

MCCI solicitó entrevistas con autoridades de la CNBV y Bansefi. En ambas instituciones la respuesta que se obtuvo es que, debido a que es una investigación en curso, no les es posible hablar de ella. En Bansefi, además, se señaló que este banco cuenta con 20 días hábiles, después de haber recibido las observaciones de la CNBV, para responder a ellas. Este plazo, dijeron, vence el 2 de febrero próximo.

Tatiana Clouthier será la coordinadora de campaña de AMLO

Andrés Manuel López Obrador nombró a Tatiana Clouthier como coordinadora de precampaña del tabasqueño rumbo a la elección presidencial de 2018 en un acto en Monterrey.

La exdiputada federal por el PAN es hija de Manuel Clouthier “Maquío”, líder histórico del Partido Acción Nacional (PAN) y candidato a la presidencia en 1988.

El político sinaloense exigió en su momento la repetición de los co micios en los que resultó ganador Carlos Salinas de Gortari, tras la “caída del sistema” que cambió la trayectoria de la tendencia de los resultados electorales a favor del PRI.

Clouthier hizo manifestaciones masivas, pidió la apertura de pa quetes electorales y realizó un ayuno en protesta por otros pre suntos fraudes en algunos estados de la República. Junto con el diputado Javier Calgo Manrique, Manuel Clouthier muró el 1 de octubre de 1989 en un accidente automovilístico en la carretera México-Nogales.

Tatiana Clouthier tendrá la misión de coordinar la precampaña, y en su momento la campaña electoral del líder de Morena “buscando siempre enlaces y puntes con todos los sectores”, dijo López Obra dor al hacer el anuncio. “Tenemos que sacar adelante a nuestro querido México y para eso se requiere la unidad en la diversidad”, indicó.

La nueva coordinadora de campaña de Morena fue candidata in dependiente para el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, en 2009 y fue asesora de Delfina Gómez durante la campaña por el Estado de México en 2017.(ECONOMIA HOY)

“Si nos depositan se arregla el problema”, lanza Corral al gobierno de Peña

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- El gobernador chi huahuense Javier Corral se convirtió hoy, junto con el pre candidato presidencial Ricardo Anaya, en la estrella del Partido Acción Nacio nal (PAN) por su pleito con el gobierno de Enrique Peña Nieto, a quien le ofreció una salida a la crisis por el recorte de 700 millones de pesos: “si nos depositan se arregla el problema”.

“¡Duro, duro, duro!”, le gritaron los panistas a Corral, quien poco antes de iniciar la sesión del Consejo Nacional aclaró, en entrevista, que su gobierno articula un plan en materia política, económica, social y en todos los ámbitos para que se resuelvan las dos exi- gencias:
“Nos tiene que depositar los recursos retenidos injustamente y tie nen que solicitar la extradición de César Duarte. Y de ahí no nos vamos a mover. Y son dos cosas separadas. Si nos depositan se arre gla el problema. No tenemos mayor… (sic) Si no fue por otra cosa que salimos a denunciar esto”, lanzó.

Corral advirtió que la comunicación con el gobierno de Peña está rota y que mañana domingo, en el mitin al que convocó en la plaza pública de Chihuahua, se darán a conocer las acciones que tomará su gobierno.
“Es una relación muy tensa, de hostilidad del gobierno federal, con una operación mediática embustera que ha puesto en marcha en nuestra contra”, expresó el polémico exdiputado y exsenador al referirse a las declaraciones de los funcionarios federales, incluido Peña.

–¿Hay alguna comunicación o la relación está rota?
–Ninguna.
¿Prácticamente está rota?
–Prácticamente está rota. No hay ninguna comunicación con los funcionarios. Por el contrario, vemos la serie de mentiras que han salido a decir, cómo se han todos entrampado en declaraciones absurdas, en explicaciones sin sentido. Estamos ante un hecho escandaloso verdaderamente en la vida del país.
En la sesión del Consejo Nacional del PAN, Corral ocupó la primera fila del presídium, al lado de Anaya, a quien los asistentes vitorearon y quien respaldó también a Corral: “¡Presidente, presidente, presi- dente!”.
Aunque nadie confirmó nada, en el PAN corre la versión de que otros gobernadores panistas o aliancistas irán por otros exgober nadores priistas implicados en corrupción, como Egidio Torre, de Tamaulipas y Roberto Sandoval, de Nayarit.
Fueron notorias las ausencias de Felipe Calderón, quien mantiene una ruda confrontación con Anaya y Zepeda, y la excandidata pre sidencial Josefina Vázquez Mota, quien es integrantes del CEN del PAN, pero que sigue deprimida por la derrota aplastante en el Es tado de México, aunque podría reaparecer como candidata a se nadora.
Ausente estuvo también el exgobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, quien declinó su aspiración presidencial ante Anaya, a cambio de que su esposa, Martha Erika Alonso, sea la candidata a goberna dora.

Uno de los operadores de Moreno Valle, Pablo Rodríguez Regordo sa, dio cuenta de estas negociaciones. “Martha Erika será la candi data a gobernadora y él va a trabajar por el PAN”, dijo.
Rodríguez Regordosa reveló al reportero, además, que él declinó buscar ser candidato a senador, porque el gobernador de Puebla, Antonio Gali, pidió esa posición para su hijo, José Antonio Gali López.
Este es otro caso más de nepotismo político, como en el PAN de Veracruz, donde el gobernador Miguel Ángel Yunes impuso como candidato a sucederlo a su hijo, Miguel Ángel Yunes Márquez, pre sentes los dos en el presídium.

Logra Dávalos de Rodríguez que yucatecos firmen al Bronco

Adalina Dávalos de Rodríguez, esposa de Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, aspirante a candidato a la Presidencia de México, con tinuó con el levantamiento de firmas en los municipios de Motul y Tizimín, en Yucatán.

En sus recorridos por el Mercado 20 de Noviembre y casa por casa en Motul, la esposa de “El Bronco” dijo que los ciudadanos tienen la oportunidad de hacer historia y poner a un candidato independiente en la boleta electoral.

“Les hemos dicho quiénes somos, de dónde somos, no les hemos hablado de otra cuestión, ellos elegirán en su momento en la boleta a quien marcar, solamente hoy requerimos que nos den la oportu nidad de que un ciudadano pueda elegir a un ciudadano y estar en una boleta electoral que jamás en la historia de México se había visto”, dijo.

“Hoy tienen la oportunidad los yucatecos y les digo: despierten”.

Dávalos de Rodríguez visitó también el municipio de Tizim donde recorrió la Feria de los Tres Reyes Magos y la plaza principal, dia logando con los ciudadanos para pedir su firma.(BOLETIN)

Javier Duarte niega apoyar económicamente a AMLO

El enfrentamiento entre el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, y el precandidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, escaló ayer.

“¿Cual es la diferencia con (Javier) Duarte?, no ha cumplido, que sigue la misma corrupción, que está en el abandono Veracruz”, dijo López Obrador durante su gira por Huayacocotla, Veracruz.

Y el gobernador le respondió, con más dureza:

“Porque López Obrador bien lo sabe, lo sabe el loco, recibía dinero de Duarte y lo vamos a comprobar; le voy a mostrar los documentos. Va a quedar en ridículo y frente a todo el país quedará como lo que es, como un individuo corrupto”.

En este contexto, el exgobernador Javier Duarte hizo llegar a Ciro Gómez Leyva de  Imagen Noticias una carta en la que se deslinda de las acusaciones de López  Obrador y “tanto a Andrés Manuel López Obrador como a Miguel Ángel Yunes Linares les pido que no me metan en sus pleitos.” Y aclara que jamás ordenó otorgar recursos públicos “al partido donde milita el Sr. López Obrador”.

En su visita a Las Vigas, Veracruz, el pasado 9 de enero, Andrés Manuel López Obrador criticó el reloj de seis millones de pesos que portaba en un evento Yunes Linares.

“No lo voy a estar repitiendo porque no le voy a dar motivos a Yunes para hacer propaganda, pero dijimos y no nos equivocamos de que eran lo mismo Duarte y Yunes, no hay diferencia. Nada más imagínense un gobernante con un reloj de seis millones de pesos. ¿Cuál es la diferencia con Duarte? Pues es lo mismo, no está escrito pero es su ‘yo merezco abundan cia…”

El martes, Yunes le contestó: “Este loco, es un vividor del sis tema, solamente sabe agraviar y destruir, pero conmigo se va a topar con pared”.

“También me acabo de enterar que ya salió un aliado del loco a defenderlo y con eso confirmo lo que he dicho. Javier Duarte financiaba, le daba dinero al loco López Obrador”.

Te espero a las 5 en Álamo, no le saques, no seas rajón, no acudas a Duarte para que te defienda. Eres un peligro para México, tu y Duarte, le vas a hacer compañía algún día”.

Y ante el emplazamiento a un debate, López Obrador contestó que no se dejará enganchar.(EXCELSIOR)

Se queda todo México sin “Padre” y “Madre” en actas de nacimiento

Gobierno de la República presentó oficialmente las actas de naci miento virtuales con un formato único nacional, pero éste no pre senta ya los términos “padre y madre”.

En el nuevo formato virtual descargable quitaron las palabras “pa dre” y “madre” presentes en las actas de nacimiento anteriores.

Ahora en lugar de poner “padre”, “madre” y quiénes son respec tivamente, utilizan el término “datos de filiación”.

Abajo del marco llamado “datos de filiación” sólo ponen dos nombres, que corresponden al padre o madre.

Las actas de nacimiento son descargables en la página de Gobierno de la República y los precios varían según el estado. En Chihuahua el valor es de 100 pesos, como el que tiene en Registro Civil del Estado.

Cabe recordar que a principios de 2017 en Chihuahua desató gran polémica que en el formato de actas de nacimiento quitaran los términos y los datos de los abuelos.

Denunciaron que eliminar los términos padre y madre, así como la omisión de los abuelos, puede ocasionar incertidumbre jurídica, al grado de perjudicar el derecho de heredar.

Registro Civil de Chihuahua explicó que cambiaron las actas a “datos de filiación” en lugar de padre y madre como parte del convenio fir mado con gobierno federal.

                                                           (ACTA ANTIGUA)

Las protestas en Chihuahua dieron como resultado que el Estado recuperó los términos padre y madre.

Sin embargo, este 2018 presentaron el formato digital nacional que deja a todos los mexicanos sin nombres “padre” y “madre”, con los abuelos sólo en “anotaciones marginales”. (TIEMPO.COM.MX)

 

PGR informa de un virus informático denominado FALLCHILL

La PGR y el FBI de Estados Unidos identificaron y destruyeron del ciberespacio mexicano un software malicioso de origen norcoreano que pretendía obtener información y controlar equipos de cómputo.

La dependencia mexicana detalló en un comunicado que dicho virus es denominado FALLCHILL y se divulgó en la modalidad de aplica ción que facilitaba la obtención ilegal de información.

“Derivado de la colaboración entre la AIC, a través de la Unidad de Investigaciones Cibernéticas y Operaciones Tecnológicas, y el FBI, se logró ubicar que el software malicioso FALLCHILL se encontraba alojado en equipos de cómputo pertenecientes a una empresa pri vada de telecomunicaciones”, dijo.

Explicó que dicho equipo estaba en oficinas ubicadas en la Ciudad de México en donde se llevaron a cabo tareas “con la finalidad de esta blecer las medidas de mitigación necesarias para la resolución de este incidente”.

Agregó que una de las principales acciones implementadas para la erradicación del virus informático consistió en aislar los servidores vulnerables de la red de internet y así evitar la propagación del software malicioso por el ciberespacio.

Destacó que las capacidades de este malware consistían en la extracción de información de los discos duros en el sistema infec tado; crear, iniciar y terminar procesos nuevos en el sistema.

También era capaz de buscar, leer, escribir, mover y ejecutar archi vos; modificar sus fechas de acceso y modificación; así como auto (eliminarse del sistema infectado una vez cumplidos sus objetivos.

“Con estas acciones, la Procuraduría General de la República evita la afectación a las infraestructuras de tecnologías de información y comunicaciones, además de proteger a los cibernautas mexicanos”, dijo la dependencia federal.

Recordó que tan solo en el último cuatrimestre del año pasado, la Agencia de Investigación Criminal identificó y mitigó más de 289 casos de incidentes de seguridad informática que afectaban tanto al sector público como privado. (Hals Intelligence)

Terremoto en el Caribe “fue ligeramente percibido” en el sureste de México

El terremoto de magnitud 7,8 que sacudió hoy las áreas entre Hon duras y Cuba en el Mar Caribe “fue ligeramente percibido en los límites del estado de Quintana Roo”, informó el coordinador na cional de Protección Civil de México, Luis Felipe Puente.

“Al momento no se reportan afectaciones”, añadió Puente en un mensaje difundido a través de la red Twitter.

Por la misma vía, el Servicio Sismológico Nacional indicó que el sismo fue percibido en Quintana Roo (sureste) y alrededores.

Medios locales afirmaron que el temblor se sintió en la capital estatal, Chetumal, así como en Cancún, Playa del Carmen y Felipe Carrillo Puerto.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) reportó que un fuerte terremoto de magnitud 7,8 sacudió las áreas entre Honduras y Cuba y provocó una alerta por tsunami que podría afectar a Puerto Rico y a las Islas Vírgenes. (EFE)

Tambaleante futuro del proyecto de regular la publicidad oficial

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El Congreso pretende acotar el intercambio de dinero público por coberturas periodísticas favorables a los gobiernos en turno –uno de los soportes del poder político en México desde el siglo pasado– mediante la creación de un consejo autónomo que vigile la asignación imparcial de la publicidad gubernamental.

El Poder Legislativo está emplazado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que antes de finalizar la actual Legislatura, el próximo 30 de abril, regule la publicidad gubernamental y cumpla con una obligación en la que está en falta, oficialmente, desde hace una década.

Aunque esa resolución del máximo tribunal, adoptada en noviembre pasado, fue bien recibida en amplios sectores, no deja de ser un buen deseo, pues de acuerdo con las consultas que realizó este semanario ni en la propia SCJN se sabe cómo y contra quién o quiénes se procedería ante un posible desacato del Congreso.

Aun cuando los legisladores cumplan el fallo de la Corte, el futuro de la publicidad oficial depende de la voluntad del Ejecutivo, el principal interesado en el control de los recursos destinados a esa actividad.

El senador Luis Sánchez, coordinador parlamentario del PRD en el Senado, asegura en entrevista que, si el Congreso legisla sobre la materia de acuerdo con los tiempos señalados por la SCJN, bastaría con la voluntad política del presidente de la República para promulgar de inmediato la ley. En ese caso, la regulación podría aplicarse en pleno proceso electoral. Pero ese escenario es demasiado optimista, dice a Proceso.

En un amparo que concedió a la organización no gubernamental Artículo 19, la SCJN estableció el 30 de abril como fecha límite para que los legisladores reglamenten el artículo 134 de la Constitución respecto a la publicidad oficial, que involucra el gasto que hacen los tres Poderes del Estado mexicano (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal), así como a los entes autónomos y las llamadas empresas productivas del Estado.

La asignación discrecional del dinero público en ese ámbito se mantendrá tanto como quiera el Congreso de la Unión, aunque en la Cámara de Diputados y en el Senado existen cerca de 20 iniciativas para legislar sobre ese tema, uno de los pendientes de la reforma del sistema político mexicano.

El uso y abuso en torno a la publicidad oficial se convirtió en el último debate de 2017 en el país, cuando el diario estadunidense The New York Times (NYT) abordó el problema, que ha sido denunciado por este semanario desde que nació hace 41 años. Proceso surgió, justamente, de una embestida del gobierno de Luis Echeverría, que incluyó el boicot publicitario, en contra del periódico Excélsior cuando lo dirigía Julio Scherer García.

Los gobiernos de José López Portillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto se valieron también, de forma abierta, del uso patrimonialista de los recursos públicos para asfixiar económicamente al semanario. De López Portillo es la frase que resume buena parte de la relación entre gobierno y medios de comunicación: “No pago para que me peguen…”, argumentó para justificar la supresión de la publicidad oficial en las páginas de la revista.

Rabietas y respuestas

El uso de la publicidad oficial como instrumento para castigar o premiar a la prensa por su línea editorial fue expuesto internacionalmente por el diario neoyorquino en su edición del 25 de diciembre. Nada nuevo hubo en la cobertura del influyente medio, salvo el enojo de los medios que el NYT mencionó como algunos de los beneficiarios o censores: El Universal, La Jornada y Milenio Diario.

En el texto firmado por el corresponsal Azam Ahmed, El Universal fue mencionado como “perro de ataque” del gobierno por su cobertura en torno al virtual candidato del PAN a la presidencia de la República, Ricardo Anaya. En tanto que La Jornada fue descrito como un medio que modificó su línea editorial progresista a cambio de dinero gubernamental. De Milenio Diario refirió una historia de alegada censura y despido por un trabajo sobre la política social de gobierno de Peña Nieto.

La respuesta de los diarios mencionados fue inmediata y pública. En su editorial del martes 26 El Universal acusó al NYT de dar voz a personas “sin más pruebas que sus dichos” y aseguró que la publicidad oficial que obtiene se debe a su penetración y no a “la supuesta alteración en la línea editorial”.

Milenio Diario dedicó la página 10 de su edición impresa de ese día y un amplio espacio en su versión digital para refutar “los infundios y conjeturas” del NYT, del cual dijo que “desprecia el derecho de réplica y avala infundios”. Al igual que El Universal, aseguró que el corresponsal dio por buenas sus suposiciones y no presentó pruebas.

La Jornada respondió a través de su “Rayuela”, el pequeño espacio editorial que se publica en su contraportada: “¿De quién es la mano que mece la cuna del New York Times? Ahora, como cuando apoyó a Bush para masacrar a los iraquíes, no aporta prueba alguna”.

El diario estadunidense también fue cuestionado por la calidad de sus entrevistados. Según El Universal, algunos “desde sus propias trincheras podrían ser acusados de parcialidad y actuación a conveniencia. Ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio”.

Tras la polémica que generó su publicación, Azam Ahmed se vio obligado a tener un diálogo electrónico abierto con sus lectores el miércoles 27. En el ejercicio se mencionó el posible interés de Carlos Slim, pero el periodista respondió que el magnate mexicano dejó de ser el principal accionista individual del diario. En efecto, Slim anunció hace un año que vendería más de la mitad de su participación accionaria del 17% en el NYT, según la agencia de noticias financieras Bloomberg.

La publicación del NYT tuvo tierra fértil en la discrecionalidad con la que el poder político del país ha administrado el dinero público para anunciarse en la prensa. El capítulo México de Artículo 19, organización internacional con sede en Londres que se dedica a fomentar la libertad de expresión en el mundo, promovió un amparo ante la SCJN con el argumento de que ese manejo arbitrario del presupuesto afecta su trabajo.

La Corte le dio la razón en noviembre pasado. En un proyecto elaborado por el ministro Arturo Zaldívar, que obtuvo cuatro de los cinco votos de la Primera Sala de la SCJN, aseguró que la publicidad oficial se ha convertido en un mecanismo de censura indirecta. Dijo que esa arbitrariedad ha tenido “un efecto silenciador” de los medios críticos por la “asfixia financiera” que se produce cuando el gobierno decide que ninguna de sus oficinas debe anunciarse en determinado medio (Proceso 2142).

Gobierno teledependiente

“Tenemos que eliminar esa discrecionalidad. Llevamos 10 años de retraso desde que la reforma política de 2007 estableció que se debía regular la propaganda oficial. De entonces a la fecha se han presentado 17 iniciativas, pero todo ha quedado en eso”, asegura el senador Luis Sánchez, quien tras el fallo de la SCJN presentó una propuesta más para regular el artículo 134 constitucional.

Ésta pasó a las comisiones de Gobernación, de Radio, Televisión y Cinematografía, y de Estudios Legislativos Primera. Según el legislador, puede obtener el apoyo de algunos senadores del PAN, como Marcela Torres Peimbert, quien también presentó una iniciativa de ley tras la resolución de la SCJN.

El perredista busca una Ley de General de Comunicación Gubernamental en la que se le pide al Ejecutivo Federal elaborar un Programa Anual de Comunicación de la Administración Pública Federal.

Dicho programa tendría que definir objetivos, proyecciones financieras y los programas de gasto de cada ente público, en el que se determinen, entre otros, los objetivos de cada campaña, el periodo de ejecución y la justificación técnica de la contratación. En todo caso, propone que el gasto anual no exceda 0.5% del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Para la operación de la ley propone crear un Consejo Nacional de Comunicación Gubernamental, una figura en la que coinciden varias de las iniciativas presentadas en el Senado y en la Cámara de Diputados.

Ese consejo estaría integrado por cinco personas seleccionadas, desde la sociedad civil y la academia, por la Cámara de Diputados y designadas por el Senado de entre cinco ternas.

Los consejeros nacionales así seleccionados estarían a cargo de la regulación, investigación y sanción en materia de comunicación social, los procesos de contratación y difusión, y de que los contenidos garanticen la libertad de expresión, el derecho de acceso a la información y la imparcialidad en la aplicación de los recursos públicos.

El consejo se encargaría de definir las políticas públicas en torno a la publicidad oficial, del seguimiento al ejercicio del gasto, la distribución de los tiempos del Estado y fiscales, la supervisión de los funcionarios responsables, denunciar ante la Auditoría Superior de la Federación las irregularidades en el uso del dinero destinado a la comunicación gubernamental y de presentar incluso denuncia penales en caso de que detecte delitos. Esa instancia también se encargaría de la puesta en marcha de los programas de los Poderes Legislativo y Judicial.

La iniciativa de Sánchez también crea la figura del Padrón Nacional de Prestadores de Publicidad y Comunicación, un sistema de información pública en el que se registren los medios de comunicación y agencias de publicidad que tengan sede en México o en el extranjero y den servicios de producción y difusión de comunicación gubernamental.

En ese padrón los medios tendrían que señalar quiénes son sus propietarios y, en su caso, los accionistas mayoritarios, así como los niveles y segmentos de audiencia, además del número de usuarios efectivos. Toda esa información sería de acceso público y quienes no estuvieran registrados no podrían considerarse para los contratos de publicidad gubernamental.

El senador perredista propone, de igual forma, criterios para evitar actos de censura indirecta, discriminación y privilegios. Entre éstos, pretende que no se otorguen a una sola empresa, grupo o medio de comunicación, contratos cuyo costo total sea mayor de 20% del gasto total de cada servicio de comunicación, ni concentrar en un solo medio más de 50% del gasto total destinado a la propaganda gubernamental.

De acuerdo con esos criterios se podría evitar la discrecionalidad que ha caracterizado tanto a los gobiernos federales del PRI y del PAN, así como a los estatales y municipales de los distintos partidos.

En su justificación, apoyada en la organización civil Fundar, que se ha dedicado al análisis del gasto gubernamental en ese rubro, el senador refiere que el gobierno de Felipe Calderón gastó 39 mil 40 millones 580 mil 390 pesos, lo que equivale a un aumento de 106% entre 2007 y 2012.

En cuanto a la actual administración, gastó casi la misma cantidad (36 mil 261 millones de pesos) tan sólo entre 2013 y 2016. Precisa Sánchez que el gobierno de Peña Nieto ha gastado 71.86% más de lo aprobado por la Cámara de Diputados, es decir que pagó 15 mil 162 millones de pesos de más. Por eso, dice el senador, su propuesta de ley busca que los funcionarios responsables sean castigados cuando se gaste de más.

La evaluación de Fundar, organización que busca la participación de la sociedad civil en la discusión de la ley, indica que la mayor parte del gasto publicitario del gobierno en esos cuatro años fue para la televisión (35%), seguido de la radio (19%) y luego los medios impresos (17%). Es decir, que la administración de Peña Nieto pagó en ese periodo 12 mil 705 millones de pesos a la televisión, 6 mil 939 a la radio y 6 mil 153 a periódicos y revistas. El gasto en los medios electrónicos osciló entre 5 y 7%.

Televisa fue la empresa más beneficiada, con 17.07%, mientras que TV Azteca se quedó con 9.87%.

En los medios impresos, el periódico El Universal fue el más beneficiado, con 2.69% de los recursos, lo que equivale a 975 millones 420 mil pesos. La misma proporción se le asignó al Grupo Fórmula, el principal proveedor del gobierno en la radio. Incluso, la agencia de publicidad internacional Starcom Worldwide obtuvo contratos por 3.15% del gasto publicitario gubernamental en ese cuatrienio.

Para dimensionar la arbitrariedad en la distribución de la publicidad, Fundar señala que, en 2016, sólo 10% de los mil 1163 proveedores de publicidad oficial se quedó con 49% del gasto. Más de la mitad de esta porción fue para Televisa y TV Azteca.

Además Fundar dio a conocer la semana pasada que la dependencia federal que más gastó en publicidad durante 2017 fue la Secretaría de la Defensa Nacional, promotora de la recién aprobada Ley de Seguridad Interior que Peña Nieto promulgó a pesar de que implica numerosas violaciones constitucionales.

Fundar precisó que el Ejército gastó casi la mitad (44.6%) de lo pagado a los medios de comunicación en este año por el gobierno de Enrique Peña Nieto, es decir 43 millones 950 mil pesos.

Juez vincula a proceso y dicta prisión preventiva a Roberto Borge

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, fue vinculado a proceso por su probable partici pación en calidad de “coautor de operaciones con recursos de procedencia ilícita en la modalidad de ocultamiento de bienes producto de una actividad ilegal”.

La Procuraduría General de la República (PGR) le imputa un desfalco al erario por más de 900 millones de pesos.

Tras la vinculación a proceso, como medida cautelar, la PGR solicitó la prisión preventiva justificada por riesgo de fuga, misma que conce dió el juez de control tomando en consideración la solicitud de la defensa del exgobernador sobre su estado de salud: depresión y problemas renales.

Borge será enviado al Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial número 16, en el estado de Morelos, a donde será trasladado hoy mismo.

El juez Artemio Zúñiga, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México con sede en Ciudad Nezahualcóyotl dio inicio al juicio contra el exgobernador y concedió seis meses para la inves tigación complementaria.

Los fiscales de la PGR aseguran que Borge ideó, estructuró y ejecutó una estrategia para adquirir y enajenar bienes propiedad de Quin tana Roo a precios mucho más bajos de los reales.

Para ello, según las acusaciones, contó con la colaboración de servidores públicos, amigos e incluso de su madre María Rosa Yolanda Angulo Castilla.

Durante la audiencia, que se prolongó por unas 14 horas, la defensa de Borge quien fue identificado como Roberto “N” observó que, de los 86 datos de prueba expuestos por la PGR, únicamente se refie ren a la existencia de los predios, la comisión de conductas proba blemente constitutivas de un delito por parte de terceras personas, pero no a hechos directamente cometidos por el exfuncionario.

Al respecto, la PGR señaló que, conforme al proceso penal acusa torio, durante la audiencia inicial sólo se contemplan criterios míni mos como medios de prueba y que serán reforzados conforme avancen las etapas del procedimiento.

Borge Angulo fue extraditado el jueves pasado tras estar 213 días detenido en Panamá, donde fue detenido.