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Giran orden de aprehensión contra DRO del colegio Enrique Rébsamen

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de determinarse que los añadidos que se hicieron al colegio Enrique Rébsamen provocaron en gran medida el colapso del edificio administrativo, un juez de la Ciudad de México giró orden de aprehensión contra el Director Responsable de Obra (DRO), Juan Apolinar Torales, quien supervisó dichas adecuaciones.

El delito que se le imputa al DRO es el de homicidio culposo por haber autorizado el funcionamiento del plantel escolar ubicado en la colonia Nueva Oriental Coapa, delegación Tlalpan, donde el pasado 19 de septiembre murieron 26 personas, 19 de ellas menores de edad.

De acuerdo con los peritajes realizados al inmueble, el penthouse que Mónica García Villegas –dueña y directora del colegio– mandó construir en el cuarto nivel del edificio administrativo provocaron el derrumbe.

A la fecha no se ha cumplido la orden de aprehensión en contra de García Villegas.

Ayer, dos semanas después de la detención del empresario Jaime Smith Ríos por el colapso del edificio de Zapata 56, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) capitalina aprehendió a otras dos personas por las afectaciones que tuvo el inmueble ubicado en Eje Central Lázaro Cárdenas 418, colonia Portales Norte, tras el sismo del pasado 19 de septiembre.

La dependencia ejercitó acción penal contra el director responsable de obra (DRO) y el corresponsable en seguridad estructural, por otorgar las responsivas correspondientes sin apegarse a la licencia de construcción ni a las normas vigentes.

Aún hay cuatro órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar, que se desprenden de las 171 carpetas de investigación que se tienen abiertas con relación a 166 inmuebles por delitos como fraude, homicidio doloso y cambio de uso de suelo, entre otros.

A la fecha, la PGJ tiene abiertas 194 indagatorias relacionadas con edificaciones dañadas por el sismo, 137 de ellas por oficio y 57 por denuncia.

Yucatán, con una mayor tasa de matrimonios

Yucatán sigue siendo una sociedad tradicional. El yucateco elige casarse y en el estado los matrimonios van en aumento: este año, hasta la fecha, ya se realizaron más de seis mil matrimonios mientras que el año pasado, en estas mismas fechas, eran alrededor de cinco mil, indicó Walter Salazar Cano, director del Registro Civil.

Esto se debe, comentó, a que la población aumentó y por el turismo de matrimonio: mucha gente de otros estados o países elige Yucatán como el lugar idóneo para casarse, ya sea por sus haciendas, playas u otras maravillas locales.
Las cifras anteriores se dieron a conocer en el marco de una ceremonia en la cual 169 personas recibieron ayer su nombramiento como oficiales del Registro Civil del Estado.

De acuerdo con Salazar Cano, en promedio se casan en la entidad entre 10 mil y 12 mil personas al año, de las que se divorcia el 25% —cerca de tres mil anuales—.

Asimismo, dijo que el aumento de bodas en el estado se debe también al turismo de bodas; calculó que un 10% de los que se casan viene de otras partes del país o del mundo, lo que representa un aumento del 5% en relación con el año pasado.

Salazar Cano agregó que figuras públicas escogen algún destino del estado para casarse. Como ejemplos citó al senador chiapaneco Roberto Armando Albores Gleason y al cantante Cristian Castro.

Por otro lado, informó que debido a sendos amparos, 40 parejas del mismo sexo ya se pueden casar en el Registro Civil yucateco, pero ellas aún no acuden a realizar los trámites pertinentes.

Desde 2013 y hasta la fecha, en el estado ya se casaron 55 de esas parejas. En este año ya van seis.

Sobre los nombramientos como oficiales del Registro Civil, ellos se distribuirán en cada uno de los municipios del estado y se encargarán de dar validez jurídica a todos los ciudadanos en cuanto a matrimonios, divorcios, nacimientos y demás.

El evento, que se llevó al cabo en un local social del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, fue presidido por el titular de la Consejería Jurídica estatal, Carlos Pavón Flores.

El director del Registro Civil destacó que los oficiales deben estar preparados y tener una gran disponibilidad, en su mayoría han cursado del bachillerato en adelante: técnicos, abogados, ingenieros, etcétera.

Además, agregó, les ofrecemos varios cursos de capacitación. Por ejemplo, recientemente se iniciaría uno en línea con el Tecnológico de Monterrey.

Todos los oficiales tienen un buen nivel académico y gran conocimiento de los temas que tiene que ver con el Registro Civil, aseguró.

Se entregaron nombramientos a 169 oficiales y 200 auxiliares del Registro Civil de Yucatán.

Lo anterior representa el 50 por ciento de la plantilla laboral de la dependencia.

Anteriormente, recordó el director del Registro Civil, el tema de las oficialías era algo de usos y costumbres. Si el oficial se retiraba o fallecía, un integrante de su familia ocupaba su lugar y laboraba en la casa del funcionario.

Todos los oficiales se distribuirán en las cabeceras municipales y comisarías del estado, se indicó.(DIARIO DE YUCA
TAN)

Las corruptas Epccor y Aldesa construyeron el Paso Exprés de la muerte

Dos personas murieron a raíz del súbito hundimiento de la carpeta asfáltica en el Paso Exprés Cuernavaca, ocurrido el miércoles 12. De inmediato el enojo popular apuntó a los gobiernos morelense y federal, pero la responsabilidad no acabaría en ellos. También las empresas que construyeron la vía –Aldesa y Epccor– son responsables de esas dos vidas perdidas. Y ambos consorcios tienen un impresionante historial de corrupción que viene desde el siglo pasado.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El hundimiento de una sección del Paso Exprés Cuernavaca el pasado miércoles 12, con saldo de dos muertos, puso al descubierto una vez más el entramado de relaciones entre la clase política y el reducido grupo de poderosos contratistas gubernamentales con beneficios transexenales.

Favoritismo en contratos de obra y otras prebendas de larga data, así como observaciones por corrupción que, cuando han llegado a documentarse por instancias oficiales, logran evadirse, son características de Epccor, S. A. de C. V., la versión más reciente del conglomerado de la familia Gutiérrez Cortina, cuyo empoderamiento e impunidad se remontan al salinismo.

Dicha empresa y Aldesa –trasnacional de capital español que en años recientes se vio implicada en el escándalo de donativos ilegales al Partido Popular en su país de origen– fueron las beneficiarias del contrato para construir el Paso Exprés que, como la mayoría de las obras inauguradas por Peña Nieto en lo que va de 2017, recibió varias observaciones por corrupción.

El pasado abril se documentó que de las obras inauguradas por Peña Nieto en el primer trimestre del año, sólo quedaron exentas de señalamientos de corrupción aquellas que no revisó la Auditoría Superior de la Federación (ASF). El reportaje destacaba el Paso Exprés, inaugurado por Peña Nieto el pasado 5 de abril, como una de las más escandalosas por el cúmulo de irregularidades.

Y es que entre la adjudicación del contrato, en noviembre de 2014, y la entrega de la autopista en abril pasado, ocurrieron numerosas irregularidades en la construcción, las cuales causaron alrededor de 250 accidentes, provocaron la muerte de al menos 21 personas y dispararon el costo del proyecto: de mil 45 millones de pesos acordados, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) terminó pagando 2 mil 213 millones de pesos (mdp).

Además, en la revisión de la cuenta pública 2015, la ASF detectó que la SCT autorizó pagos por 441 mdp, respecto a los cuales detectó 270.5 mdp que debían recuperarse y 31.8 mdp erogados sin la comprobación correspondiente. En total: 302.3 mdp, equivalentes a casi la cuarta parte de los recursos asignados al Paso Exprés en 2015.

SIENTE PASOS EN LA AZOTEA: Renuncia el borgista Martín Cobos a la Secretaría del Ayuntamiento de Tulum

TULUM, MX.- En medio de versiones que apuntan a una investigación en puerta por presuntas irregularidades cometidas durante la anterior administración, la tarde del lunes se confirmó la renuncia de Martín Cobos a la Secretaría General del Ayuntamiento de Tulum.

El ex alcalde y ex director de Comisión de la Juventud y el Deporte de Quintana Roo (Cojudeq) durante la administración de Roberto Borge Angulo presentó su renuncia alegando motivos personales y se espera que este martes se realice una sesión extraordinaria de Cabildo para nombrar a su sucesor en el segundo puesto en importancia en la comuna.

Extraoficialmente se maneja que el ex funcionario podría ser llamado a cuentas para aclarar presuntos faltantes de recursos durante la anterior administración, motivo por el cual la alcaldesa Romalda Dzul le habría solicitado la renuncia para no implicar a la comuna en una situación de complicidad o encumbrimiento.

Junto con Martín Cobos, también sale del Ayuntamiento de Tulum el Director de Ingresos, José Ricardo Suárez Beltrán, quien era identificado como uno de sus incondicionales y cuyo cargo será sometido a una auditoría. (Noticaribe)

Se disculpan 2 diputados

Henry Sosa Marrufo y Elías Lixa Abimerhi, diputados del PRI y PAN, respectivamente, ofrecieron disculpas a la ciudadanía por el espectáculo que protagonizaron hace unos días, al enfrascarse en una discusión con insultos durante la sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación.

“Es un acto, una acción que apena a este Congreso, pasará a la historia como un hecho lamentable, pero no podemos perder de vista que tenemos mucho por delante y hay que seguir trabajando”, dice Lixa Abimerhi.

“Yo sí cometí tal vez el error de subirme a ese juego y lo admito; soy humano, puedo cometer errores, pido una disculpa a la ciudadanía por haber hecho esa expresión, pero fue una reacción que obedeció a estar soportando una provocación durante toda la sesión”, expresa Sosa Marrufo.

Ambos fueron entrevistados en el marco de la sesión plenaria de ayer y al parecer quieren a olvidar esa sesión del lunes 14 pasado, cuando el priista le gritó “idiota”, entre otras cosas, al panista, y éste último le dijo “bravucón de cantina, criminal, pandillero” y otros calificativos.

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aspectos de la sesion del congreso
en la foto: Antonio Homa Serrano y Henry Sosa Marrufo
Foto: Fidel Interian Jimenez

Lixa Abimerhi opina: “Al final creo que los dos tenemos que ser lo suficientemente inteligentes. De mi parte darle la vuelta a las expresiones personales y privilegiar el tema laboral, tenemos objetivos sumamente importantes en la Comisión y esos son los que deben atraer nuestra atención, no los personales. De mi parte queda de esa manera y seguiremos trabajando”.

El panista añade que desde la sesión anterior ofreció disculpas públicas a su coordinador de bancada, Raúl Paz Alonzo, a su compañera Beatriz Zavala Peniche y a todos los ciudadanos por las formas de expresión que se dieron en la comisión.

“La ciudadanía, lo dije en ese momento, no tiene por qué soportar ese tipo de expresiones…”, comenta.

Sosa Marrufo considera que tal vez se equivocó por subir al juego de las ofensas. “Él (por el panista) insistentemente lo ha estado haciendo… estoy analizando que obedece a una estrategia de ellos. Cuando no quieren que se conozcan asuntos públicos que le afectan al PAN insistentemente quieren desviar la atención provocando allá escándalos”.

“A mí no me afecta que él reclame sus derechos, que reclame las cosas que no ve como las vemos nosotros o que lo diga públicamente, pero con respeto”, dice.

“De mi parte no hay problema que implique rencor, para nada, ni rencor ni envidia, ni venganza ni nada”, afirma
(Diario de Yucatán)

Meta: un fiscal implacable

La Coparmex Mérida tendrá un candidato propio para fiscal anticorrupción en Yucatán y considera que las cámaras empresariales y los organismos de la sociedad civil también deben hacer sus propuestas para que haya más opciones de elección.

Sería la segunda propuesta independiente de este sindicato patronal para cargos claves como parte de su lucha contra la corrupción, ya que el 25 de mayo propuso, con el respaldo de la Canadevi, a la maestra en auditoría Leticia Canto Álvarez como aspirante a la Auditoría Superior del Congreso del Estado.

El presidente de la Coparmex Mérida, Gustavo Cisneros Buenfil, informó ayer que están trabajando en la definición de su propuesta; aún no tienen algún nombre, pero definitivamente tendrán un candidato propio.

Además, exhortará a que las cámaras empresariales y la sociedad civil organizada impulsen a sus propios candidatos al cargo de fiscal anticorrupción para que los diputados tengan una amplia variedad de opciones con los mejores perfiles.

Para la Coparmex, es condición indispensable para el éxito del sistema anticorrupción que los ciudadanos que estarán al frente de los comités de participación ciudadana y los comités coordinadores de cada sistema local anticorrupción sean propuestas de organismos de la sociedad civil y no resultado del reparto de cuotas partidistas, puntualizó Cisneros Buenfil.

En este momento, dijo, la prioridad es tener en las Fiscalías Anticorrupción locales y los comités ciudadanos a los mejores hombres y mujeres, íntegros, independientes, imparciales y ajenos a cualquier conflicto de interés, que sean implacables contra todo acto relacionado con la corrupción.(diario de Yucatán)

Diputados aprueban medidas de protección a pasajeros de aerolíneas propuestas por Ramírez Marín

-Compensaciones por vuelos retrasados, eliminar cobro de primera maleta y menores de dos años, entre los beneficios / -Modificaciones a la Ley impulsarán mayor competitividad en el sector: Ramírez Marín

La Cámara de Diputados aprobó por mayoría de votos las propuestas del diputado Jorge Carlos Ramírez Marín para garantizar los derechos de los pasajeros de líneas aéreas, con lo que las empresas tendrán que compensar a los usuarios por los retrasos en sus vuelos, además de otros beneficios.

En sesión en el Palacio Legislativo de San Lázaro, los diputados aprobaron las modificaciones a la Ley de Aviación Civil, de la Ley Federal de Protección al Consumidor y de Inversión Extranjera que presentó y promovió Ramírez Marín.

El político yucateco explicó que presentó la iniciativa en conjunto con el coordinador de la bancada del PRI, César Camacho y el diputado del PAN, Miguel Salim, quienes tras meses de encabezar reuniones con directivos y represen
tantes de todas las líneas aéreas, se logró generar un dictamen que ubica al pasajero como un usuario sujeto a derechos, y se erradicó la percepción de que los pasajeros “están cautivos de las directrices empresariales”.

“Los usuarios no son cautivos de la necesidad de viajar, cuentan con derechos que tienen que ser respetados, y al verse plenamente respetados, también se genera una mayor competitividad de las aerolíneas mexicanas”, añadió.

Otros beneficios que se garantizan con la nueva legislación son que los pasajeros podrán cancelar su boleto dentro de las 24 horas siguientes a la compra, podrán llevar consigo a un menor de dos años y/o transportar hasta 25 kilos de equipaje, todo ello sin costo adicional.

Respecto de las compensaciones por retrasos imputables a la empresa, Ramírez Marín explicó que cuando la demora sea superior a dos horas e inferior a cuatro, se deberá reembolsar como mínimo el 7.5% del costo del boleto en el próximo viaje de la misma ruta.

“Cuando el retraso sea de más de cuatro horas, se podrá solicitar el reintegro total del costo del boleto o posponer el viaje, y recibir además una indemnización de por lo menos el 25 por ciento del mismo, además de que tendrán derecho a ser transportados en el siguiente vuelo disponible, recibiendo alimentos y alojamiento”, detalló.

Otros de los beneficios son que las aerolíneas deberán publicar el costo total del boleto incluyendo impuestos, además de que se les prohíbe condicionar la compra del boleto a servicios adicionales; se eleva a 11 mil pesos el monto de indemnización por avería o pérdida del equipaje, además de que las aerolíneas deberán asegurarse de contar con un Módulo de Atención en todas las terminales donde operen.

“Con estos cambios legislativos todos salimos ganando. Nuestras aerolíneas van a ser más competitivas y se ubicarán entre las mejores del mundo, pues tendrán que ofrecer un mejor servicio”, señaló.
(POR ESTO!/Política)

“Demostraré el delito de Despojo”

HUNUCMÁ.— “El fiscal investigador de la agencia 26 del Ministerio Público (Juan Manuel Marín González) me puso obstáculos para interponer mi querella por daños en propiedad ajena, de despojo y amenazas del ejidatario Jaime Rubén Chuc Keb”, afirmó Filiberto García Gutiérrez.

El quejoso expuso lo anterior porque anteayer viernes, como informamos, Chuc Keb detalló que la citada agencia determinó el “no ejercicio de la acción penal” por la denuncia que García Gutiérrez presentó contra mí y mi esposa, Gloria María Chi Chi, el 28 de noviembre de 2016, hace cuatro meses, por el delito de despojo de bien inmueble”.

Ayer sábado, García Gutiérrez recordó que denunció a los esposos porque el 2 de abril de 2008 le vendieron a él y a su entonces esposa, Laura Guadalupe Jáuriga Argáez, un lote ejidal de seis hectáreas, pero luego le pidieron desalojarlo “porque una cervecería invierte en éste miles de millones de pesos”.

El terreno se ubica a la vera del camino de terracería que se abrió para el paso de las torres que conducirán la energía eléctrica de la subestación, de la vera de la carretera Hunucmá-Ucú hasta la vía Mérida-Tetiz, a la altura de donde se construye la fábrica de cervezas.

Devolución “voluntaria”

Pero el 7 de septiembre, antes de la denuncia penal, Chuc Keb aseguró que recuperó la mitad del predio que le corresponde a Laura Jáuriga, ya que ésta “lo devolvió voluntariamente”.

Sin embargo, anteayer Chuc Keb afirmó que con la decisión de la Fiscalía recuperó todo el terreno que le pertenece como ejidatario y que sólo le facilitó a García Gutiérrez para un proyecto que no se concretó, pues el lote está lleno de maleza.

Al respecto, García Gutiérrez aseguró que “nunca fue citado ante una autoridad, como el comisario ejidal o el Tribunal Agrario, para que determinaran quién es el legal posesionario del lote.

—Chuc Keb hizo las cosas a su propio modo en complicidad con el fiscal investigador, quien nunca vio los delitos que denuncié —reiteró el inconforme.

—El caso no puede ser cerrado por la aberración de un fiscal investigador, al dictar una resolución del “no ejercicio de la acción penal” porque no encontró un delito a perseguir —añadió.

—Lo que en realidad sucede es que el agente investigador se coludió con Chuc Keb y decidió que no hay nada que perseguir, porque así les conviene, debido, entre otras cosas, a la alta plusvalía que ya tienen esas tierras de uso común.

Usufructuarios

—Pero Chuc Keb y su esposa deben saber que el propietario de esas tierras de uso común es el ejido, de modo que ellos como usufructuarios me cedieron sus derechos porque les pagué $90,000, más $10,000 por una asamblea que él me pidió.

—Además, las autoridades ejidales 2008-2010 me entregaron una constancia en la que detallan que “no podrán transferir a persona ajena sin el consentimiento de las autoridades ejidales porque de lo contrario se harán acreedores de las sanciones que marca la ley agraria en vigor”.

—En pocas palabras, sólo las autoridades ejidales pueden hacer un dictamen sobre este problema.

—A Chuc Keb y al fiscal los veré ante un juez de Control, contemplando el Artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, como una opción para inconformarme por la resolución.

—Les demostraré que sí hay delito de despojo, daño en propiedad e injuria que le compete al fuero común.

—El agente invadió esferas que no le corresponden para dictar su resolución.

—Yo ocupo ese terreno desde hace unos nueve años, a vista de todos y sin ninguna reclamación, de manera pública y pacífica porque cuento con un documento otorgado por las autoridades ejidales —destacó García Gutiérrez, quien consideró que tiene plena posesión del terreno por el trabajo que desarrolló durante los casi nueve años mencionados.
(DIARIO DE YUCATAN)

6 DENUNCIAS PRESENTADAS CONTRA BORGE, AÚN NO SE LIBERADO NINGUNA ORDEN DE APREHENSIÓN: CARLOS JOAQUÍN

El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, señaló que, hasta el momento, no se ha girado ninguna orden de aprehensión contra su antecesor, Roberto Borge, sin embargo, precisó que se han presentado cuatro denuncias federales y dos a nivel estatal contra el ex gobernador.

Carlos Joaquín señaló que se han turnado cuatro denuncias a la Procuraduría General de la República y dos más a la Fiscalía estatal en contra de Roberto Borge por diversos delitos como: la “venta ilegal de bienes públicos, sobre todo en los terrenos que son reserva territorial del estado de Quintana Roo”.

En entrevista telefónica con Ciro Gómez Leyva, el mandatario quintanarroense señaló que aún no se tiene orden de aprehensión contra Roberto Borge, sí contra algunos funcionarios, principalmente de parte de la Fiscalía estatal. Asimismo, dijo no tener información del paradero de su antecesor.

Lo último que supo era que estaba ubicado en Estados Unidos, “pero ya no he tenido nueva información al respecto”.

El mandatario estatal adelantó que esta semana se tendrá el resultado de otras auditorias, de las cuales habrá denuncias en las que también está involucrado el ex gobernador Roberto Borge.(Fuente: Radio Fórmula)

En secreto se reúne titular de la PGR con su homólogo de EU

WASHINGTON (apro).- Sin dar pormenores a los medios de comunicación sobre su presencia en esta capital, el titular de la PGR, Raúl Cervantes Andrade, se reunió en secreto con su homólogo estadunidense Jeff Sessions.

“Sólo podemos decir que el procurador Sessions se reunió con el procurador de México”, dijo a Apro un vocero del Departamento de Justicia de Estados Unidos, quien rechazó hablar de los temas que abordaron los dos funcionarios en el encuentro.

Hasta la publicación de este despacho, la embajada de México en Washington no había informado absolutamente nada a los corresponsales mexicanos acreditados en la capital estadunidense sobre la visita y reunión de Cervantes Andrade con Sessions.

El viernes pasado en su columna “En Privado”, Joaquín López Dóriga escribió que el titular de la PGR estaría este lunes 20 en Washington para reunirse con Sessions y con el general John Kelly, secretario de Seguridad Interior del gobierno del presidente Donald Trump.

Apro intentó confirmar la reunión de Cervantes Andrade con Kelly, pero en el Departamento de Seguridad Interior un portavoz afirmó que “no había nada para este lunes. Tal vez mañana”.

Ya es costumbre entre los integrantes del gobierno de Enrique Peña Nieto que, cuando viajan a la capital de Estados Unidos, y sobre todo desde que inició la presidencia de Trump, no reportar sobre sus encuentros ni sobre los temas que abordaron en ellos.

El sigilo con el que se manejan los colaboradores de Peña cuando viajan a Washington genera especulación respecto de su manera de actuar frente al gobierno del presidente Trump, quien desde que llegó a la Casa Blanca trata con mucha condescendencia al presidente mexicano, aunque responsabiliza a los mexicanos indocumentados que viven en su país de los problemas económicos, de los niveles de criminalidad y del narcotráfico que aquejan a sus conciudadanos.

Como funcionarios públicos los integrantes del gabinete de Peña Nieto olvidan que viajan y comen con el dinero del erario mexicano, y que por ello están obligados a reportarle al país las actividades que llevan a cabo a nombre de la nación. El pueblo de México es quien paga el salario a Peña Nieto y sus funcionarios, por lo que constitucionalmente tienen que rendir cuentas a la ciudadanía.

La nueva modalidad del disimulo en el gabinete de Peña Nieto, para el caso de sus visitas a Washington, es informar sobre sus actividades por medio de un comunicado de prensa de las dependencias a su cargo, pero sólo hasta que regresan a México.

El último caso de esto fue el del secretario de Hacienda, José Antonio Meade. La prensa mexicana acreditada en Washington se enteró de que Meade había estado en Washington gracias al comunicado que emitió el Departamento del Tesoro, y eso porque se reunió con su titular, Steven Mnuchin, quien como funcionario público tiene que informar a los estadunidenses, en el momento, sobre sus actividades y encuentros con representantes extranjeros.

Ante la ausencia de información y la secrecía con la que manejan sus agendas, entre la prensa mexicana se especula que el objetivo de los integrantes del gabinete de Peña es evitar ser sometidos a escrutinio por parte de los reporteros mexicanos. Más en estos momentos cuando en la Casa Blanca habita un acérrimo crítico del gobierno mexicano y de los mexicanos.